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FRANCIA PONE MEDIDAS ANTE LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

El país vecino prevé multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel

En el centro de reparación de Koopera, un grupo de cooperativas sin ánimo de lucro del norte de España, casi no se reparan frigoríficos. “No vale la pena. La mayoría llegan con fugas de gas que no podemos localizar, porque las tuberías están incrustadas dentro de los muebles, y cada vez es más difícil desmontar los muebles. Hace años se podía llegar a cualquier pieza, pero ahora son todo obstáculos”, explica Txelio Alcántara, técnico del taller. “También es cada vez más difícil arreglar aparatos pequeños. Les ponen tornillos de seguridad, que solo giran para cerrar, y ni siquiera podemos abrirlos”.

Estos días en Francia, se ha aprobado una nueva ley llamada “Ley de Transición Energética''. Esta ley consiste en que los fabricantes que ponga ese ''chip'' para acortar la vida de los electrodomésticos ira a la cárcel con una pena de dos años, o bien, pagará una multa de 300.000€.

La norma francesa recoge todas las variantes de obsolescencia programada, pero su aplicación no va a ser fácil. ¿Cómo demostrar que se ha introducido un defecto “deliberadamente”? La industria, de hecho, siempre ha negado esa “premeditación”, pese a que es evidente que los electrodomésticos han acortado su vida útil en las últimas décadas.

En España el movimiento lleva retraso. Las organizaciones más activas son la Asociación de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), que agrupa a entidades como Koopera, y el colectivo ecologista Amigos de la Tierra. Ambas, junto con Ecologistas en Acción, UGT y CC. OO., han presentado un texto de alegaciones a la nueva ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el que piden la prohibición de la obsolescencia programada y otras medidas como el alargamiento de las garantías, el apoyo a las redes de reparación y, sobre todo, que se asegure que un 5% de los residuos puedan ser preparados para su reutilización.

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