VIDAMÉDICA / ENTREVISTA
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Felipe Kast, llevamos al Contralor un documento sobre lo que
generaba esta medida y nos dio la razón en los dos puntos que
solicitamos, tanto en permitir que los familiares de los no do-
nantes sean entrevistados como también respetar la entrevista
de los que están como donantes. Con esta reinterpretación, se
soslaya la situación actual, pero la normativa legal sigue sien-
do insuficiente. El daño fue grande. Entre enero y abril de este
año, no hubo ningún donante de pulmón, ni de páncreas. La
donación de corazón cayó al 40% igual que la de hígado y la de
riñón en 50%. Los pacientes se estaban muriendo.
-¿Cree que debería haber un cambio en la legislación respecto
a quienes manifestaron no ser donantes y que después de un
tiempo modificaron su opinión?
Nos puede pasar que otro Contralor en el futuro impugne los
mismos puntos y concluya de igual forma, es por eso que urge
un cambio legal. Existen 4 millones de personas que están ins-
critos como no donantes. La ley actual (19.451) no señala cómo
salir del registro para las personas que se arrepintieron y no
existe un plazo para los no donantes inscritos en el Registro
Civil para que corroboren su decisión en la notaría. La verdad
que es difícil creer que en un país exista casi un 30% de los
mayores de 18 años inscritos como no donantes. Esto es un pro-
blema grave de salud en Chile.
- A su juicio, ¿por qué cree que las medidas que han tomado
las autoridades para fomentar la donación de órganos no han
tenido un gran efecto en la población?
La ley estableció que la Coordinadora de Procuramiento y
Trasplante de Órganos y Tejidos del ministerio de Salud tenía
que instaurar una Política Nacional de Donación y Trasplante
que debía ser parte de una estrategia, y eso no está en el Plan
Nacional de Salud, ni en los compromisos para el año 2020.
Claramente, hay una falencia de la Coordinadora en fiscalizar
el seguimiento de los donantes en los hospitales e instituciones
de salud. El país debería tener una entidad similar al Instituto
de Salud Pública (ISP), autónomo, que fiscalice y maneje sus
propios recursos humanos. Además hay una deuda de transpa-
rencia muy relevante. Si uno busca datos, no los va a encontrar
fácilmente. El ministerio se demora al menos cuatro meses en
subir la información y la población tiene que contar con insu-
mos actualizados.
¿Cree que existe algún tipo de desconfianza en la población
sobre el sistema donación de órganos?
Hay muchos mitos en torno a ello. Las personas sienten que es un sistema de privilegios y no de derechos. Como los trasplan-
tes exitosos son hechos en clínicas, interpretan que donan los
pacientes de Fonasa y se trasplanta a los de Isapre, y no es así:
el 75% de los donantes y trasplantados pertenecen al seguro
público. Pero como no queda claro, la gente siente que no puede
acceder a un órgano en el país democrática e igualitariamente
y eso daña un sistema que, en la realidad, ha crecido en su nivel
de justicia. Tenemos una lista única que se maneja en el ISP
con criterios técnicos. Los equipos de procuramiento saben el
orden de los pacientes. Si cualquiera adelanta un paciente, es
detectado por el resto de los profesionales y se comunica al mi-
nisterio. Los criterios de adjudicación o asignación de órganos
están adaptados a los de las sociedades científicas del mundo.
Nadie accede a un órgano porque sea bueno, famoso o desta-
cado. Y el tráfico de órganos está penalizado en Chile y no hay
capacidad instalada para sacarlos de un establecimiento.
- Según su experiencia, ¿qué medidas se deberían implemen-
tar para mejorar la donación y trasplante de órganos en Chile?
El Estado debe liderar una fuerte campaña comunicacional
ante la población para que ingresen a la página del Registro
Civil y verifiquen si son donantes o no, y si están inscritos
como no donantes y se han arrepentido, puedan de alguna
manera revertir esta situación. Si estas modificaciones legales
se implementan pronto, se podría volver al escenario del año
pasado, que aunque era mejor, sigue s