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VIDAMÉDICA / FalmedEduca
La situación que afectó a Mackenna es parte del listado de
más de sesenta casos del Proyecto Inocentes, que impulsa
la Defensoría Penal Pública desde 2003. El programa está
inspirado en Innocence Project, iniciativa nacida en 1992 en
las aulas de la Escuela de Derecho de la Universidad Yeshiva,
Nueva York, y que busca mejorar las prácticas, hábitos y ru-
tinas de trabajo de los principales actores del sistema de
justicia estadounidense. El Proyecto Inocentes es una expe-
riencia para visibilizar casos puntuales en que personas han
sido injustamente condenadas y que puedan contar con “un
lugar de reconocimiento permanente y público sobre su ino-
cencia, reconocimiento que era inexistentes en nuestro país
hasta antes de la creación de esta iniciativa”, según consigna
el sitio web del proyecto.
El defensor nacional Andrés Mahnke recalca que “la presun-
ción de inocencia es una de las bases de nuestro sistema de
justicia y es garantía para cualquier persona que deba enfren-
tar un proceso penal. Medios de comunicación diariamente
dan un duro tratamiento a imputados, mostrándolos como
supuestos autores de un delito, lo que lleva a que sean conde-
nados por la sociedad a priori, descuidando que deben presu-
mirse inocentes”, puntualiza.
RESPONSABILIDAD MÉDICA
Desde Falmed se hace hincapié en que el respeto al principio
de inocencia es fundamental. El abogado jefe de Falmed, Juan
Carlos Bello, precisa que “una de las premisas de este principio
es evitar juicios condenatorios anticipados, lo que en la prác-
tica se ha logrado, ya que el ente investigador y acusador es
quien tiene la carga de prueba, diferente de quien la aprecia y
en su mérito dicta sentencia. En ese sentido, no es el imputado
quien debe probar su inocencia, sino que el Ministerio Público
quien debe acreditar la existencia del delito, así como la parti-
cipación de éste en los hechos que se investigan”.
En el caso de la imputación de responsabilidad profesional
médica, la opinión pública tiende a tener prejuicios por tra-
tarse de profesionales que podrían estar en una situación de
ventaja ante la sociedad por su posición social y económica
frente a una víctima-paciente. Con respecto a eso, el abogado
Bello asevera que “desde el punto de vista judicial y dada la
existencia del principio de imparcialidad y la igualdad ante la
ley que impera en nuestro sistema procesal penal, los únicos
elementos que se tienen a la vista para dictar una sentencia
son las pruebas expuestas en un juicio, prescindiendo de las
condiciones sociales o económicas de los acusados”.