investigación cientifico-médica 75
L
os médicos que hacen ciencia en
Chile están incómodos. La promulgación de la Ley Ricarte Soto (N°
20.850) incluyó modificaciones al Código
Sanitario, que incorporaron normas que
regulan los ensayos clínicos con productos farmacéuticos y elementos de uso
médico. Si bien las facultades de medicina del país declararon su apoyo general a
la nueva ley, manifestaron oportunamente su preocupación, solicitando que los
temas vinculados a investigación se discutieran posteriormente con mayor análisis técnico y participación ciudadana.
Sin embargo, la normativa fue promulgada con la controvertida modificación,
la que en términos generales exige un
“autorización especial” del ISP para cada
investigación, incluyendo un seguro de
responsabilidad civil que responda por los
daños, incluso si no pudieron preverse.
Puesto que aún no se sabe cómo implementar dichas exigencias, los investigadores, entre ellos médicos doctorandos, han
visto resentido su trabajo, con investigaciones reformuladas o derechamente detenidas. Lo sucedido con la Ley 20.850 no les
pareció un hecho aislado, sino parte de la
improvisación con que se trabajan las políticas públicas en materias de investigación.
La renuncia de Francisco Brieva a la presidencia de CONICYT, tras cumplir seis
meses sin recibir sueldo, a la que luego
se sumó Bernabé Santelices, quien dejó
el cargo tras dos meses, parece ser una
muestra del estado de la ciencia en Chile.
Los científicos sintieron que tocaron fondo
y salieron a la calle el pasado 12 de noviembre, cuando la llamada “Furia Científica”
llegó a La Moneda para exigir recursos y
terminar con la precariedad laboral que les
afecta.
Capítulo Médico
Un grupo de jóvenes médicos, que cursan
sus doctorados en ciencias, pidieron la
asesoría del Colegio Médico y Falmed, y
se constituyeron como Capítulo Médico
de la Orden.
La organización quedó compuesta por
el Dr. Juvenal Ríos, presidente; Dra.
Florencia Álamos, vicepresidenta; Dra.
Danay Espinoza, secretaria; Dr. Tomás
Labbé como director Ejecutivo y la Dra.
Paola Toledo, directora académica.
Su presidente, el Dr. Ríos, destaca que
en su formación coincidieron “intereses
comunes y particularidades, pues éramos médicos que estábamos cursando
programas de doctorados en ciencias
básicas, ciencias biológicas, biomedicina,
neurociencias y fisiología, entre otras”.
Sus primeras tareas, dice, fueron poner en la discusión el impacto de la Ley
Ricarte Soto en las investigaciones y
la precariedad de su situación contractual. Luego vino la invitación a participar del Departamento Científico
Docente del Consejo Regional Santiago,
y del Departamento de Formación y
Acreditación de la Orden.
Un cuarto tema vino de la mano del propio Dr. Enrique Paris, quien les solicitó
colaborar en la formación del Centro
Nacional de Investigación en Salud
Mental, lo cual concitó especial interés
en los capitulares, en su mayoría vinculados a la materia.
En su misión, subyace un trabajo a largo
plazo, y que busca la reivindicación del
médico investigador.
“Queremos recuperar el concepto del
médico científico, un médico investigador como algo natural, y como una vía valiosa, legítima y bien valorada por el resto
del cuerpo médico. Que para un recién
egresado tenga lógica y sentido seguir
una carrera de investigador tanto como
ser cirujano, traumatólogo o pediatra,
porque la ciencia es parte de la medicina tanto como las otras especialidades”,
considera el Dr. Tomás Labbé, director
ejecutivo del capítulo.
A su juicio, el médico científico puede ser
el puente que conecte a los laboratorios
donde se hace investigación con los pacientes, indicando los tratamientos más
adecuados. Esto tiene que ver con la llamada medicina traslacional, que facilita
la transición de la investigación básica a
las aplicaciones clínicas, para potenciar la
ciencia e investigación como eje imprescindible del progreso.
Investigación y la Ley Ricarte Soto
La Ley