Editorial
E
s evidente que la salud de
Chile vive una profunda
crisis. El Estado es el responsable, ya que por más de tres
décadas sólo se han adoptado
medidas paliativas para resolver un problema estructural, sin
dar un tratamiento definitivo
para terminar con las grandes
carencias de infraestructura,
tecnología, falta de especialistas
y problemas laborales de fondo
que afectan a todos los trabajadores del sector salud y, lo que
es mucho más grave, a nuestros
pacientes.
La sumatoria de estas crisis agudas “no tratadas” han generado
un empobrecimiento de los hospitales públicos y sus servicios de
urgencia, una importante pérdida de camas de hospitalización y
recursos humanos, además de un creciente aumento de las listas
de espera, expresiones concretas de la incapacidad del sistema
de absorber la demanda asistencial.
Día a día se profundiza la dramática deuda hospitalaria. Es necesario que el Fondo Nacional de Salud, FONASA, pague a los
hospitales el valor real de las prestaciones que éstos realizan, ya
que el pago subvalorado es uno de los grandes responsables del
endeudamiento de los recintos públicos.
Vemos con preocupación cómo se desvían recursos al sector
privado y han sido los propios gobiernos quienes han promovido esta política de compra de servicios, generando una serie de
“incentivos perversos”, y potenciando la externalización, en lugar
de contribuir para resolver las necesidades de los hospitales con
claras medidas de atracción y retención de los facultativos.
En la línea de potenciar el Recurso Humano Médico, necesitamos
que la autoridad conozca y transparente la brecha de médicos
generales y especialistas a lo largo del país, que los programas de
especialización financiados por el Estado cuenten con bases claras, que no se modifiquen intempestivamente según el gobierno
de turno y que incluya a los médicos que ya están trabajando en
establecimientos público. Es imperativo contar con una Atención
Primaria resolutiva, ya que es el pilar fundamental del sistema.
Así mismo es preciso resguardar y garantizar la calidad de la atención que entregamos a nuestros pacientes, razón por la cual son
bienvenidos los médicos titulados en el extranjero que cumplan
con la legalidad vigente en Chile. Este es un imperativo ético de
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justicia que no desistiremos de
exigir. En esa línea, tal como lo
hace la Confederación Médica
Latinoamericana y del Caribe en
su declaración de Buenos Aires
2014, rechazamos las migraciones médicas impulsadas por intereses políticos.
Nos preocupa también la deficitaria infraestructura sanitaria en
el país y la falta de definición por
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