SAMIZDAT | Crónica de una vida nueva Octubre 2010 | Page 4

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SAMIZDAT. OCTUBRE 2010

S O C I E DA D

La polémica de los gitanos saca a la luz los problemas de Europa

La reunión de los jefes de Estado
europeos en Bruselas ha estado polarizada por la polémica de los gitanos. La
tormenta desatada hace unos días por
las declaraciones del Comisario Europeo
de Justicia, Viviane Reding, en las que
comparaba la evacuación de los campamentos de nómadas por parte del gobierno francés con las deportaciones de la
Segunda Guerra Mundial, no ha hecho
sino continuar en los últimos días. Desde
Merkel a Berlusconi, pasando por Zapatero y Barroso, todos se han pronunciado
acerca del tema. Repasemos los hechos
de una historia que comenzó hace algunos meses.
El asesinato del joven gitano Luigi
Duquenet a mediados de julio y los
posteriores disturbios en Saint-Aignan
(Loir-et-Cher) y en Isère fueron la chispa
que hizo estallar de nuevo, el pasado
julio, la eterna polémica sobre los gitanos
y los nómadas. Esta vez, sin embargo,
la respuesta del gobierno francés no ha
sido una advertencia sino una iniciativa
política destinada, en palabras de
Sarkozy, a «llevar a cabo una lucha
implacable contra la criminalidad».
Después de las reuniones de finales de
julio el gobierno francés decidió evacuar
más de 300 campamentos ilegales en
el tiempo de tres meses. Dicho y casi
completamente hecho.
E sta iniciativa política ha desatado
numerosas críticas. De los primeros en
contestar fueron los representantes de
las asociaciones de gens de voyage y la
izquierda francesa. Ambos acusaron al
ejecutivo de llevar a cabo una política
que consideran «racista y discriminatoria» y destinada a desviar la mirada de
los problemas internos del gobierno de
Sarkozy respecto del caso Bettencourt y
las acusaciones de financiación ilegal de
su partido (UMP).
La controversia, durante los primeros días, se dio exclusivamente en territorio francés, pero al poco tiempo llegó
también a otros países. Del otro lado de
los Alpes, en Italia, el ministro Maroni,

en una entrevista el 21 de agosto, daba
la razón a Sarkozy y afirmó, recordando
las expulsiones llevadas a cabo en el año
2007 por Walter Veltroni, alcalde de
Roma, que Francia no había hecho otra
cosa que “copiar” el ejemplo de Italia.
Mons. Giancarlo Perego, director general de la Fundación de Inmigrantes de la
Conferencia Episcopal Italiana, respondió que «el gobierno italiano no puede
decidir de forma autónoma en lo que se
refiere a una política europea que, básicamente, establece el derecho a la libertad de residencia y circulación».
A su vez, en el Ángelus del 22 de
agosto en Castelgandolfo, el Papa ha
invitado en su saludo a los peregrinos
de lengua francesa, «a saber acoger la
legítima diversidad humana».
El regreso de las vacaciones y la
reanudación del curso político han ampliado el debate. Así, entre las diversas
declaraciones de las organizaciones internacionales y asociaciones, el 13 de
septiembre, el Alto Comisario para los
Derechos Humanos, Navi Pillay, ha declarado que la política francesa acerca
de los gitanos agrava «la estigmatización de los gitanos y su extrema pobreza».
Como hemos visto, sin embargo,
la polémica ha estallado en toda su dimensión en la cumbre de los jefes de
estado de la UE, reunidos en Bruselas
hace algunas semanas. En esa ocasión
se sucedieron declaraciones, contradeclaraciones, justificaciones, ataques y
acusaciones.
Es cierto que las expulsiones realizadas por el gobierno de Sarkozy pueden
haber sido exageradas y haber afectado
injustamente a gitanos que nada tenían
que ver con la delincuencia. Pero no hay
que olvidar que responden a un problema
real de seguridad ciudadana. Las críticas
ideológicas y los pacifismos “buenistas”
y abstractos no resuelven el problema de
unas comunidades que, por desgracia, se
organizan con frecuencia como microsociedades sin ley que terminan por con-

vertirse en muchas ocasiones en focos de
delincuencia, analfabetismo y tráfico de
droga.
La polémica abierta por las medidas de Sarkozy, más allá de los chismes
políticos, debería abrir dos debates.
En primer lugar, desde el punto de
vista político, es necesario trabajar por
una mejor articulación de las normas
europeas en el contexto de la soberanía
de los países miembros. Como señaló
el filósofo André Glucksmann en un artículo publicado en Le Monde hace unos
días, «los arquitectos de Bruselas no
han logrado garantizar las condiciones
prácticas para la libre circulación de los
europeos (…) itinerantes». Es cierto,
pero no es sólo culpa de Bruselas porque, como ha escrito el eurodiputado
Mario Mauro, «este no es momento de
cruces de acusaciones o de instrumentalizaciones políticas, es momento de abrir
realmente un debate sobre las medidas
serias y concretas para resolver los problemas de integración». Es el momento
de que la normativa europea (2004/38/
CE) sea aplicada realmente en el contexto de la soberanía nacional de los estados de la UE, de las regiones y de las
ayuntamientos implicados más de cerca
en el problema: cooperar para que esta
legislación llegue a ser no sólo algo justo
sino también algo viable.
En segundo lugar hace falta, como
apuntaba el Papa, que nos preguntemos
sobre nuestra capacidad de acogida a
los pueblos que tienen una forma de vida
diferente de la nuestra. Las instituciones educativas y sociales, los políticos y
cada uno de nosotros deberemos encontrar vías de integración (también valorar y promover las experiencias de integración ya existentes) que permitan a
los pueblos nómadas vivir en libertad su
condición “no asentada” exigiéndoles, a
la vez, el respeto y el cumplimiento real
de ciertos mínimos fundamentales fuera
de los cuales la vida común es imposible.
David Blázquez Vilar,
doctorando de Filosofía en la UCM