Odebrecht la holding del diablo Odebrecht | Page 27

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Apertura de investigación
En diciembre de 2016, el procurador general de la República inició inmediatamente la
investigación de los sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos que la
empresa brasileña Odebrecht habría confesado haber pagado, según las informaciones
reveladas a la comunidad internacional por el Departamento de Justicia estadounidense. La
Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción administrativa, bajo el
Despacho del procurador general, desarrollaría las pesquisas aperturadas de conformidad
con la normativa institucional.
El 26 de diciembre del mismo año, el procurador comunicó que el Ministerio
Público habría emprendido la evaluación de la información hecha pública por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a todas las instituciones del Estado la
entrega inmediata de todos los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001
hasta la fecha, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para que los funcionarios que
encabezan los ministerios y entidades correspondientes entregaran personalmente toda la
documentación requerida en la Procuraduría General de la República.
En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en la
capital dominicana, un proceso de requisa que duró más de cinco horas. Se reportó que al
menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa para ser
revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local contentivos de información
potencialmente sensible.
Investigación e interrogatorios
Entre enero y marzo, más de veinticinco (25) personas han sido cuestionadas y llamadas
para presentar informaciones sobre el caso, incluidos el representante de Odebrecht en
República Dominicana; los principales funcionarios de entidades gubernamentales bajo
cuyas gestiones se negociaron, acordaron o ejecutaron contratos con Odebrecht; así como
pasados y actuales presidentes de las cámaras congresuales, en cuyas gestiones se
debatieron y aprobaron contratos de obras asignadas a la empresa en cuestión y los
respectivos presidentes de comisiones congresuales con potencial incidencia en la toma de
decisiones sobre el tema. En esos 90 días, también fueron interrogados Ángel Rondón, el
lobbista y representante comercial de la multinacional en República Dominicana, así como
abogados involucrados en las operaciones mercantiles y auditores de la firma Stanley
Consultants vinculados a la compañía.
Según informaciones oficiales, Rodríguez solicitó la suspensión de Odebrecht como
proveedor del Estado y que la Dirección General de Contrataciones Públicas había
dispuesto la referida suspensión provisional del registro, impidiendo su participación en
futuras licitaciones.
El 20 de enero de 2017, el procurador Jean Rodríguez comunicó oficialmente que el
Ministerio Público había logrado la firma de la multinacional en un acuerdo que agilizaría
la investigación local, garantizando la entrega de material probatorio por parte de la
empresa y manteniendo abierta la investigación y persecución penales contra todos los
involucrados locales.