Memoria Sala Laboral Contencioso Administrativo 2009-2016 | Page 157

“SIETE AÑOS DE TRABAJO, FRUTOS Y PERSPECTIVAS”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
intercambio de información genérica y experiencias, en procura del
fortalecimiento del ejercicio de los roles que cada uno de los
participantes desempeña, así como de contribuir a la uniformidad en la
interpretación y aplicación del Derecho, que es a lo cual apunta el
concepto de “Seguridad Jurídica”, e igualmente dar cumplimiento al
derecho de acceso a una justicia verdaderamente independiente,
imparcial, transparente, responsable ante la ciudadanía, eficiente, eficaz,
equitativa, comprensible y atenta con todos, tal como lo establece la
Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial
Iberoamericano.
En dicho encuentro participaron Funcionarios de la Sala Laboral–
Contencioso Administrativo, de la Sala de lo Constitucional y de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, así como de los
Juzgados de Letras de lo Fiscal y de lo Contencioso-Administrativo y
Civil.
FINALIDAD
Este protocolo ha sido elaborado tomando como base las
conclusiones a las cuales se llegaron en el mencionado conversatorio,
respecto a los procedimientos utilizados en la ejecución de sentencias
contencioso-administrativas y fiscales en contra del Estado de Honduras;
ello, con el fin de lograr una mayor agilidad en la fase procesal ejecutiva
y para garantizar una plena y efectiva tutela judicial de quienes litigan
en dichas materias, por medio de un trámite de ejecución que no
perturbe el normal funcionamiento del engranaje estatal y, sin
menoscabo de los derechos e intereses legítimos de los justiciables.
LINEAMIENTOS GENERALES
• Sobre la preocupación que Funcionarios de la Secretaría de
Finanzas han exteriorizado en torno al embargo de fondos de la
Caja Única que maneja la Tesorería General de la República,
aduciendo que dicha práctica judicial provoca una afectación al
normal desarrollo de las actividades del Estado:
1) El proceso de ejecución, como instrumento de efectividad de la

tutela judicial, parte de la base de una pretensión insatisfecha por
la renuencia en el cumplimiento de la decisión jurisdiccional y
persigue la realización material de las situaciones jurídicas
reconocidas en un título ejecutivo, que, en este caso, sería una
sentencia
judicial
firme
con
condena
dineraria.
Ante
el
incumplimiento voluntario de las obligaciones derivadas del
mencionado título judicial, los Jueces, por mandato constitucional,
deben tomar las adecuadas y necesarias medidas coactivas que
aseguren el total acatamiento de la resolución jurisdiccional, aun y
cuando se trate del propio Estado, cuya responsabilidad, ante sus

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Memoria de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo para el Período 2009-2016