La supervisión legislativa del gasto, del rendimiento y del Poder Ejecutivo es uno de los pilares de la gobernanza democrática, ya que juega un papel crucial para asegurar que los recursos limitados se utilicen en pos de lograr el máximo impacto en términos de desarrollo, y para mejorar la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. La democracia viable y la sociedad abierta dependen de la creación de leyes, la supervisión y la representación efectivas, es decir, de las tres funciones principales del Poder Legislativo. La rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo está garantizada si se implementan ciertos mecanismos de control y si estos se utilizan con claridad en sus objetivos y con efectividad en su accionar. Entre dichos mecanismos se encuentran la posibilidad de realizar turnos de preguntas, las resoluciones, los avisos con llamados de atención, las audiencias públicas, la confirmación de nombramientos y la supervisión de actividades gubernamentales claves por parte de los comités legislativos. Habitualmente, los comités funcionan como el brazo de trabajo de la Legislatura; su efectividad contribuye en gran parte a la efectividad general de la Legislatura.
Históricamente, el Ejecutivo ha dominado al Parlamento en los sistemas políticos Westminster que son comunes en los países miembros de la Commonwealth. A pesar del surgimiento y desarrollo de comités parlamentarios, varios factores han tendido a limitar los controles sobre el Ejecutivo.
Estos impedimentos incluyen los siguientes:
(a) cuestiones estructurales, entre las que sobresale el hecho de que el Ejecutivo forma parte de la Legislatura ya que, por definición, dispone de una mayoría de votos en el recinto; (b) cuestiones prácticas tales como los recursos limitados (especialmente cuando el financiamiento del trabajo de un comité no es independiente del Ejecutivo), las habilidades deficientes del personal legislativo y de los miembros del Parlamento, y la apatía del Ejecutivo hacia los trabajos y las resoluciones de los comités; y (c) cuestiones técnicas tales como la presentación retrasada o mal enfocada de informes por parte de la Oficina de Auditoría.
Por lo general, entre las naciones de la Commonwealth, la Constitución y los Reglamentos del Parlamento establecen los mecanismos para la supervisión parlamentaria con el fin de asegurar la rendición de cuentas financieras del Ejecutivo. Habitualmente, se le encomendará a algún tipo de Comité de Finanzas/Presupuesto/Administración Pública que examine si el dinero propuesto en el presupuesto se alinea con los objetivos estratégicos a los que debe apuntar, mientras que el Comité de Cuentas Públicas (PAC) habitualmente provee control posterior sobre los gastos para determinar si fueron realizados de manera adecuada en función del presupuesto, sobre la base de informes de auditoría y cuentas del Gobierno o de empresas