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MC: ¿Qué sucedió después?
TR: Vino una arquitecta de la comunidad y
ordenó la demolición total. Unos funcionarios dijeron que nos iban a dar albergue
rápidamente e incluso estuvieron dos trabajadoras del organismo Viviendas en Tránsito, quienes me hicieron firmar un papel.
Nada pasó. Nunca nos ubicaron en ningún
lugar. Mi hija y su esposo tuvieron que irse a
vivir a casa de los padres de él y actualmente siguen allá.
MC: ¿Ustedes consideran que fueron
engañados?
TR: Sí. Después de un mes, una de mis hijas
fue al Consejo de Estado y entregó una carta
explicando lo sucedido y de allí enviaron esa
misma carta al departamento provincial de
Vivienda de Tránsito. Sus funcionarios
citaron a mis hijos para una reunión y tampoco resolvieron nuestro problema.
MC: ¿Pudieron salvar los muebles?
TR: Hubo que pagarles a los ejecutores de la
demolición para que ayudaran a sacar los
muebles. Los muy bandidos se robaron las
losas de la cocina y otras pertenencias nuestras.
MC: ¿Y el vecino que provocó el derrumbe?
TR: A ese ni siquiera lo acusamos, porque
un abogado nos recomendó no hacerlo, ya
que tiene un hijo con problemas mentales y
es un caso social.
MC: ¿Averiguaron si podían construir de
nuevo?
TR: Nos dijeron que no se podía, pero el
vecino arregló las columnas del portal y la
azotea; con su cara muy dura solicitó un
emplazamiento: quería nuestro espacio,
después de todo. Perdió dos demandas
legales y el caso no llegó al Tribunal Supremo, pues no procedía, según nuestra
abogada, porque nosotros no teníamos
vivienda aún.

MC: Hace ya 4 años que ustedes están
viviendo con su hija sin respuesta de
Vivienda de Tránsito. ¿Han hecho nuevas
gestiones?
TR: Mi hijo ha ido todos estos años a hablar
con la directora del organismo y esta ha
prometido que, cuando se hagan construcciones para entregar a personas que viven
por más de 20 años en albergues, avisaría
para destinarnos a un albergue. Nos enteramos que han levantado este tipo de construcciones en el municipio Playa y otros
más, pero no nos han avisado y así sigue
pasando el tiempo. Corren rumores de que
hay muchos sobornos y hasta venta de cuartos en albergues. Nuestro expediente fue
engavetado y a nadie interesa nuestro caso.
MC: ¿La casa demolida era de su propiedad?
TR: Sí, ya era nuestra. Nos quedamos muy
mal con todo y sin esperanza, después que
nos costó tanto trabajo conseguir con tantos
años de pago. Mi esposo hizo con sus propias manos una cisterna, pero figúrese, aquí
los ministerios disponen. Él trabajó casi toda
su vida en el Ministerio del Turismo, donde
fue fundador y trabajador vanguardia, pero
mandamos una carta y respondieron que no
disponían de inmuebles. Sin embargo, a dos
cuadras de casa de mi hija, aquí en Miramar,
se entregó la casa de un pintor que falleció a
un ex Ministro de Cultura. Entonces, dígame
usted: ¿tienen o no viviendas? Nosotros ya
no somos personas importantes para la
sociedad; tenemos casi un pie en la tumba.
La desidia frente a un caso como este
constituye una injusticia en una sociedad
que no es equitativa y donde no se respetan los derechos de ciudadanos de la
tercera edad, que se supone han cumplido
a escala familiar y social y les toca tener,
al menos, una vejez segura.

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