Así lo han resaltado y valorizado organizaciones
como la OMS y la OPS que han liderado múlti-
ples campañas en las que la mujer es protagonis-
ta de políticas públicas en salud (promoción de
la lactancia materna, acompañamiento materno
durante la crianza) e incluso se ha reconocido
que el nivel de escolaridad de la mujer influye
positivamente en el desarrollo de los integran-
tes de su familia. Sin embargo, pocas veces es
ella la protagonista de políticas públicas pensa-
das en ámbitos fuera de lo doméstico. De esta
manera, se le atribuye a la mujer la responsabi-
lidad de hacer sostenible su entorno, pero no
se le reconocen sus derechos ciudadanos por
el impacto positivo que genera en el desarrollo
socioeconómico.
Aun cuando la mujer hoy tiene mayor participa-
ción, su oportunidad de acceder sigue siendo me-
nor, pues se enfrenta a constante discriminación
por su género, a la permanente sexualización, la
subestimación de sus capacidades cognitivas y la in-
equidad en el acceso a todos los servicios públicos.
Lo anterior limita y dificulta que la mujer pueda de-
sarrollarse profesional y personalmente de forma
adecuada e igualitaria. Su papel en el ámbito públi-
co sigue siendo invisibilizado y poco valorado. Así,
en la mayoría de países latinoamericanos, las muje-
res se encuentran en una situación de desigualdad
social que traspasa todos los ámbitos de su vida,
que disminuye sus posibilidades de tener una cali-
dad de vida ajustada a sus expectativas personales
y que, por tanto, ve en la migración una alternativa.
Entonces, una mujer que en su país de origen se
enfrenta a inequidades sociales, económicas y po-
líticas, tiene menos posibilidades que un hombre
de encontrar en el país de recepción, un contexto
acogedor. Confluyen aquí diversos factores que
condicionan que estas mujeres puedan verse en-
vueltas en una situación de vulnerabilidad durante
todo el proceso migratorio.
Si bien es cierto que inicialmente, muchas muje-
res migraron con objetivos de reunificación fami-
liar (eran los hombres los que emigraban, conse-
guían trabajo y vivienda para después reunir a su
esposa e hijos en el nuevo hogar), en la actualidad,
la mayoría lo hace de forma independiente ofre-
ciendo servicios relacionados con los cuidados,
como lo habíamos mencionado anteriormente,
es decir, todo lo relacionado con la gestión y el
mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud,
la provisión diaria de bienestar físico y emocional
a otro (2).
Se forma entonces la denominada “cadena
global de cuidados”, en la que la mujer migrante
Soto C., et al.
ofrece sus cuidados a una familia que la contrata a
cambio de un salario, en general, bajo condiciones
laborales de explotación e informalidad, pero ade-
más mantiene intacta su red en su país de origen
en la que influye a través de otros medios (con-
tacto telefónico, internet, envío de documentos y
remesas) para continuar gestionando y adminis-
trando los recursos de su hogar. Ejerce su mater-
nidad a distancia e interviene en las dinámicas de
su familia de origen. Esta cadena que se comple-
jiza al evaluar las diferentes relaciones que hacen
parte de la misma, crea una realidad transnacional
que fomenta la transferencia de trabajo de cuida-
dos de unos a otros. Es posible identificar esas
relaciones de poder que se dan entre la población
local y los inmigrantes, y además entre los mismos
inmigrantes, con ciertos ejes entre los que se des-
tacan el género, la etnia, la clase social y el lugar de
procedencia (2). Pese a lo anterior, sus actividades
laborales no le garantizan el acceso a la seguridad
social pues las labores del cuidado no se recono-
cen dentro del catálogo del trabajo formal y, por
tanto, se encuentran fuera del margen de la nor-
mativa laboral entre empleado y empleador. En
este escenario, el trabajo precario y la explotación
laboral se vuelven una constante en el empleo de
mujeres migrantes.
Con base en lo anterior, las condiciones en las
que la mujer migrante accede al mercado laboral y,
además, las que presenta en su vivienda y vida fa-
miliar en el país de recepción, tienen como conse-
cuencia efectos deletéreos en su salud. El hecho de
que sus ingresos sean bajos, producto de la carencia
de regularización de este tipo de mercado (tal como
se fiscalizan y controlan las demás actividades pro-
ductivas), y que el mayor porcentaje de estos esté
destinado a remesas, hace que estas mujeres no
cuenten económicamente con los recursos para
adquirir lo básico, incluyendo, una óptima atención
en salud. Puesto que la migración tiene que ver con
la búsqueda de bienestar, la salud es el caso extremo
que al tocarse con la dimensión laboral produce un
sistema de exclusión social transnacional definido
por su condición migratoria y por la incapacidad
de los gobiernos de los países en los que viven para
crear un sistema de derechos y servicios que atien-
dan a esta condición. Se les otorga a estas mujeres
el derecho a trabajar, pero se les niegan los demás
derechos que les garanticen el acceso a los servicios
de seguridad social. La población migrante es en-
tendida como herramienta para el desarrollo, pero
no participa ni es vista como sujeto de éste (3).
Chile ha hecho esfuerzos para mejorar las con-
diciones de los migrantes como proveer a todos
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