además, el cumplimiento del artículo 8 de la ley
20.584 (“De derechos y deberes del paciente”)
que señala que “toda persona tiene derecho a que
el prestador institucional le proporcione informa-
ción suficiente, oportuna, veraz y comprensible”,
acá la información no era veraz, y evidentemente
pudo influir en una decisión final de la mujer y su
pareja.
Respecto de las intervenciones innecesarias, y en
virtud de lo expuesto más arriba, se puede afirmar
que la evidencia científica desaconseja el uso de
muchos de los procedimientos e intervenciones
que en Chile se practican de forma rutinaria (34).
Todo esto, a pesar de que la propia Guía Perinatal
2015 publicada por el Ministerio de Salud plantea
que “se recomienda intervenir el curso espontá-
neo del parto, sólo si se diagnostica una progre-
sión inadecuada del descenso y/o la dilatación o si
existe una sospecha de compromiso de la unidad
feto-placentaria” (35).
La alteración del proceso natural del parto de
bajo riesgo, es considerada una forma de Violencia
Obstétrica por la legislación venezolana vigente
desde 2007, también por los dos proyectos de ley
que hoy descansan en nuestro parlamento. Por
otro lado, el decálogo de instituciones amigos
de la madre y el recién nacido publicado en 2015
por la Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia (FIGO), la Organización Mundial
de la Salud (OMS), International Confederation
of Midwifes (ICM) y la International Pediatric
Association (IPA), establece como uno de los cri-
terios para que las instituciones acrediten el hecho
de que no realicen intervenciones de rutina (36).
Mientras tanto, y a nivel nacional, esta situación
se choca de frente con lo que gremialmente es-
tablece el Código de Ética del Colegio Médico
de Chile (A.G.) que en su titulo III, relativo a las
relaciones de médico con sus pacientes, estable-
ce en el articulo 22 que: “… actúa con impru-
dencia aquel médico que poseyendo los recursos
y preparación necesarios para la atención de un
paciente, los aplicare inoportuna o desproporcio-
nadamente, como también si, careciendo de los
recursos o preparación adecuados, efectuare una
atención sometiendo al paciente a un riesgo in-
necesario”. Considerando además que las inter-
venciones médicas tales como la episiotomía, la
cesárea y la monitorización continua se asocian
a menor satisfacción materna (37), cabe pregun-
tarse la forma como actualmente los equipos que
abusan de las intervenciones médicas informan y
obtienen el consentimiento para poder ejecutar
dichas acciones. Sobre esto último el articulo 24
Leiva G.
del código de ética antes mencionado, plantea que
“El médico tratante deberá informar a su paciente
de manera veraz y en lenguaje comprensible acer-
ca de: su identidad del área de competencia pro-
fesional y sus límites, y el diagnóstico, alternativas
de tratamiento, sus riesgos y beneficios…” (9).
¿Efectivamente se informan los riesgos y bene-
ficios asociados a cada procedimiento antes des-
crito cada vez que se ejecuta?, ¿O aún se ve a la
mujer en trabajo de parto como un sujeto pasivo
sobre el cuál simplemente se desarrolla un medi-
cina paternalista?.
Las brechas para fortalecer la presencia del pa-
dre, y el acompañamiento efectivo de la mujer
durante la gestación, trabajo de parto y parto, re-
quiere la voluntad del equipo de salud. Además,
requiere que los profesionales comprendamos
que la paternidad activa comienza a promover-
se con el feto in útero y somos los profesionales
de la salud quienes podemos impactar positiva o
negativamente en el involucramiento del padre,
instándolo a participar, entregando información y
herramientas que le permitan un involucramiento
real en este proceso.
Urge pasar del papel a la implementación real
del modelo de parto personalizado, y esto implica
necesariamente mejorar infraestructuras, aumen-
tar el número de matronas en las salas de preparto
de las maternidades del país, y capacitar a todo el
equipo de salud que acompaña a las mujeres en
trabajo de parto. Sobre el recurso humano dispo-
nible para el acompañamiento de estas mujeres,
podemos señalar que, en la actualidad, existen más
de diez mil matronas y matrones en el país, y se
concentran a una razón de 52,9 por cada 100.000
mujeres, debajo del promedio de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos