Gisela Landázuri Benítez
l
Liliana López Levi
Con base en lo anterior, Martín propone unas premisas para la gestión del
territorio. En primer lugar es necesario un compromiso y cooperación entre los
actores involucrados, es decir, los administradores locales, las comunidades,
los conservacionistas, los operadores turísticos, los funcionarios públicos, los
administradores y gestores de los sitios, zonas o monumentos. Dichos actores
deben participar en las estrategias acordadas y compartir la responsabilidad.
Los que toman las decisiones sobre el legado natural y cultural de un grupo de
ciudadanos, deben ser las autoridades pertenecientes al nivel de gobierno más
próximo a la población afectada (las autoridades locales). Posteriormente, deben
implementar acciones, las políticas y las estrategias con la finalidad de preservar
el patrimonio natural y cultural; así como lograr una coherencia con el resto de
las acciones y programas implementados en el territorio en cuestión. La oferta
desarrollada debe estar basada “en la autenticidad, calidad de la experiencia y
sensibilización hacia la protección y conservación del medio natural y cultural”
(Martín, 2010:94). Finalmente, las ganancias deben reinvertirse en programas
de investigación y protección del patrimonio en cuestión.
Todo lo anterior deriva en la necesidad de un ordenamiento territorial
participativo, que oriente las actividades humanas, considerando la diversidad
natural y cultural del territorio como un valor fundamental, así como la
sustentabilidad del mismo. También resulta esencial la cooperación territorial,
la cohesión social y el conocimiento de las dinámicas socioculturales en las
cuales se asienta el patrimonio, a partir del cual se pretende promover prácticas
turísticas. En este sentido, es deseable que la población local se involucre y
vigile que sus referentes culturales, ya s