Verónica Bunge l Juan Antonio Reyes
de los colectivos, incluso de aquellos con características similares, muestra la
no linealidad de las características mencionadas de la acción colectiva. Según
Poteete y Ostrom (2004): “No existen recetas que aseguren la participación en
trabajos conjuntos, sino variables que pueden ser más relevantes a considerar
y cuya modalidad, en combinación con otras variables, pueden facilitar o
entorpecer la acción colectiva”.
La característica indígena de una comunidad es concebida por algunos
autores como una cualidad que infiere capacidad de organización porque se
trata de grupos que promueven la existencia de espacios de concertación (Boege,
2008; Paz-Salinas, 2008; Ricketts et al., 2010). Sin embargo, esta capacidad
de los grupos indígenas no se reflej a por sí sola en una mejor situación de
desarrollo social (Velasco et al., 2012), humano (PNUD, 2011) o ambiental.
La motivación por participar en la conservación del entorno o en un programa
de conservación tiene que ver con sistemas complejos de relaciones multinivel
de variables en diferentes escalas espaciales y temporales (Ostrom, 2009;
Bonilla-Moheno et al., 2012). Con todo, no cabe duda que la facilidad con
que una comunidad se organiza es fundamental para que su población tenga
mayor disposición a participar y dar seguimiento a obras de conservación
impulsadas por el gobierno (Bunge, 2012). Esta capacidad de organizarse va de
la mano con la presencia de reglas y normas (Ostrom, 2000). Pero, en el caso
que atañe a este estudio, importan las reglas y normas efectivas para mantener
la sustentabilidad de un sitio, que en general están relacionadas con aquéllas
hechas para evitar conflictos por el acceso a los recursos (las reglas para evitar
conflictos sociales no siempre se acompañan de las que tienen que ver con
mantener la sustentabilidad de los recursos).
Así como existen características atribuibles a los individuos o a la estructura
de una sociedad para explicar la capacidad de iniciar o mantener una acción
colectiva en torno al cuidado de los recursos naturales, existen aspectos políticos
y biofísicos que favorecen o limitan las tareas de conservación (Paz-Salinas,
2008; Velasco et al., 2012; Bunge, 2012).
En cuanto al contexto político, se podría decir que la inseguridad dificulta
la capacidad de gestionar un recurso de forma planeada. La segunda causa
de deforestación en México, después del desmonte agropecuario, es la tala
ilegal (SEMARNAT, 2006). Parte de esta se relaciona con grupos armados e
incluso con el crimen organizado (com. pers. funcionarios de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA y de la Comisión Nacional
Forestal, CONAFOR). Asimismo, la tenencia de la tierra y los conflictos de
colindancia también juegan un papel importante en la tala ilegal, tal como se
ha documentado para el Corredor Biológico Chichinautzin (Paz-Salinas, 2008),
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