Verónica Bunge l Juan Antonio Reyes
Introducción
En el año 1876, el gobierno mexicano, tomando como ejemplo el Parque
Nacional de Yellowstone, Wyoming, EE.UU., creó por decretó el Parque
Nacional Desierto de los Leones, con el objetivo de proteger los bosques y
manantiales que proveían de importantes servicios ambientales a la Ciudad de
México (Vargas, 1984). A esta iniciativa no le siguió una cascada de decretos
de protección de espacios naturales, sino que hubo que esperar un siglo para
que esto comenzara a acontecer. En la década de los ochenta del siglo pasado,
la preservación de áreas naturales bien conservadas cobró suma importancia;
sin embargo, la protección se quedó limitada a la designación y no a crear
reglas y acciones que pudieran conservar de manera efectiva estos recursos
(Bezaury-Creel, 2009).
Congruente con la funcionalidad biofísica del territorio, 74% de las ANP
federales se encuentran en las zonas funcionales altas y medias de las cuencas
hidrográficas (Figura 1). Esta distribución hace que la conservación de la
integridad ecológica ofrezca más servicios ambientales asociados a la cantidad y
calidad del agua, así como de recarga hídrica, que si estuviera en las zonas bajas
de la cuenca (Garrido et al., 2010). En este sentido, se calcula que los servicios
ambientales hídricos de las ANP mexicanas alcanzan un valor económico de
$US 264 millones anuales (Bezaury-Creel, 2009).
Figura 1. Distribución de la superficie de Áreas Naturales Protegidas
federales según su ubicación en las zonas funcionales de las cuencas
hidrográficas.
Superficie de
ANP (%), Zona
funcional Baja,
26%, 26%
Superficie de
ANP (%), Zona
funcional Alta,
38%, 38%
Superficie de
ANP (%), Zona
funcional
Media, 36%,
36%
Zona funcional Baja
Zona funcional Media
Zona funcional Alta
Sin embargo, en el aspecto social, el manejo de estos territorios es complicado
pues se trata de zonas pobladas; utilizando los datos del Censo de Población y
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