Armando Sánchez Albarrán
presentes, en el nivel que debería de serlo, las consecuencias de la degradación
de recursos públicos.12
En el mundo neoliberal la búsqueda de oportunidades de inversión a costa y
de eliminar la otredad, entraña un costo ecológico que tiende a transformarse en
problema político en el mediano plazo ya que altera la producción y productividad
primaria de los ecosistemas naturales, los regímenes de propiedad comunal,
la significación del territorio, la sustentabilidad de los sistemas productivos de
autoconsumo, los saberes tradicionales y las axiologías diferenciadas.
Han sido los actores locales, los afectados ambientales, así como los
ambientalistas, quienes han ingresado los problemas al medio ambiente en la
agenda pública, por lo cual han aportado su cuota de presos políticos y muertos
por la represión al defender sus recursos. Los nuevos movimientos sociales
protagonizados por campesinos e indígenas han enarbolado demandas no
materiales, sino simbólicas, como: La justicia ecológica, la soberanía alimentaria,
la inocuidad de los alimentos y la justicia social alertando de la gravedad de los
daños ecológicos. Los movimientos ecologistas, como Oxfam, Green Peace,
organizaciones sociales e intelectuales, entre otros, han presionado para que los
distintos gobiernos de América Latina formulen políticas ambientales, creen
instituciones, oficinas y reglamentos encaminados a la protección del medio
ambiente (Sánchez, 2009; Sánchez, 2012).
En otras ocasiones el reciente interés por los problemas ambientales se ha
debido a consecuencia de la firma de tratados internacionales como la firma de
la “Carta de la Tierra”; el “Acuerdo 169 de la OIT”, por medio de los cuáles
los gobiernos se comprometen a hacer cumplir ciertas medidas de protección al
medio ambiente. La “Carta de la Tierra” se proclama por un orden económico
justo y sustentable que busquen resarcir parte de los servicios ambientales:
Captura y retención de agua; uso del paisaje escénico para ecoturismo; captura
de dióxido de carbono (CO2); actividad cinegética (cacería) o el uso de la
biodiversidad asociado a la bioprospección y la biotecnología en la industria
farmacéutica. La firma del Acuerdo 169 de la OIT, durante el gobierno del
ex presidente se México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), establece que
se debe consultar a los pueblos originarios. Este elemento jurídico ha sido
incorporado como bandera de lucha de los pueblos indígenas.13
Los movimientos ambientalistas, sobre todo los liderados por organizaciones indígenas han
sido reprimidos y criminalizados.
13
El problema que se presenta en torno a la firma de los acuerdos internacionales es el no cumplimiento de los mismos por parte de los gobiernos latinoamericanos, o bien, cumplirlos de
manera parcial. Lo anterior genera conflictos que devienen en problemas de “gobernanza”,
es decir, a partir de que la sociedad civil, a partir de movilizacion W2V