BRUJULA CIUDADANA Inseguridad y corrupción ¡YA BASTA! | Page 33

2. A menazas y tareas en la lucha contra la corrupción y la inseguridad 31 Presidente, su esposa y a un Secretario de Estado y que pusieron en evidencia las condiciones institucionales que favorecían la corrupción, 7 se aprobó una reforma cons- titucional y al menos siete leyes que buscan articular los esfuerzos para detectar, preve- nir y sancionar esta problemática en nuestro país. Es importante destacar que el proceso de discusión y aprobación de estas leyes a nivel federal contó con características de Parlamento Abierto, pues organizaciones civiles y académicas interesadas pudieron aportar y trabajar de la mano de los y las legisladoras en la creación de estas leyes. Este ejercicio de participación ciudadana fue ejemplar y ayudó a que las leyes fueran de mayor calidad e incorporaran, en varios casos, altos estándares. Las reformas creadas dieron vida a un Siste- ma Nacional Anticorrupción (SNA), que se 7 En estos casos, tanto el presidente, su esposa y el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público adquirieron bienes inmuebles a precios por debajo del mercado a empresas con las que el gobierno había tenido contratos multimillonarios. La investigación sobre estos casos la condujo Virgilio Andrade, quien era muy cercano al presidente y quien fue nombrado titular de la Secretaria de la Función Pública sólo para conducir este proceso. La investigación llevada a cabo por Andrade los absolvió de posibles conflictos de interés y fue criticada por especialistas por carecer de objetividad e independencia. Eventualmente, el Presidente de la República ofreció una disculpa pública por los “hechos que lastimaron e indignaron a muchos mexicanos”. articulará con sus homónimos en los estados para paliar este fenómeno. Para asegurar que los sistemas locales anticorrupción cumplie- ran con un piso mínimo común, la ley que creó el sistema fue de carácter general, y otorgó a las entidades federativas un plazo de un año, que concluyó el 18 de julio de 2017, para adecuar sus leyes locales con la Ley General del SNA. El balance en los estados Es importante mencionar que, dada la gra- vedad y los impactos de la corrupción, el proceso de armonización de las leyes anti- corrupción brindaba a los congresos locales una oportunidad única para poder discutir y generar un diálogo, de forma amplia y pública, sobre esta problemática, sus aristas y posibles soluciones. Bajo esta premisa, un grupo de 14 organizaciones de la sociedad civil y em- presariales, se dieron a la tarea de evaluar si los procesos legislativos de armonización en 13 entidades –Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Mo- relos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán– ha- bían cumplido con parámetros mínimos en cuatro dimensiones: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, par- ticipación ciudadana, y uso estratégico de las tecnologías de comunicación e información. La evaluación se llevó a cabo mediante la