BRUJULA CIUDADANA Inseguridad y corrupción ¡YA BASTA! | Page 33
2. A menazas
y tareas en la lucha contra la corrupción y la inseguridad
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Presidente, su esposa y a un Secretario
de Estado y que pusieron en evidencia las
condiciones institucionales que favorecían la
corrupción, 7 se aprobó una reforma cons-
titucional y al menos siete leyes que buscan
articular los esfuerzos para detectar, preve-
nir y sancionar esta problemática en nuestro
país. Es importante destacar que el proceso
de discusión y aprobación de estas leyes a
nivel federal contó con características de
Parlamento Abierto, pues organizaciones
civiles y académicas interesadas pudieron
aportar y trabajar de la mano de los y las
legisladoras en la creación de estas leyes.
Este ejercicio de participación ciudadana
fue ejemplar y ayudó a que las leyes fueran
de mayor calidad e incorporaran, en varios
casos, altos estándares.
Las reformas creadas dieron vida a un Siste-
ma Nacional Anticorrupción (SNA), que se
7
En estos casos, tanto el presidente, su
esposa y el entonces Secretario de Hacienda y
Crédito Público adquirieron bienes inmuebles
a precios por debajo del mercado a empresas
con las que el gobierno había tenido contratos
multimillonarios. La investigación sobre estos
casos la condujo Virgilio Andrade, quien
era muy cercano al presidente y quien fue
nombrado titular de la Secretaria de la Función
Pública sólo para conducir este proceso. La
investigación llevada a cabo por Andrade los
absolvió de posibles conflictos de interés y
fue criticada por especialistas por carecer de
objetividad e independencia. Eventualmente, el
Presidente de la República ofreció una disculpa
pública por los “hechos que lastimaron e
indignaron a muchos mexicanos”.
articulará con sus homónimos en los estados
para paliar este fenómeno. Para asegurar que
los sistemas locales anticorrupción cumplie-
ran con un piso mínimo común, la ley que
creó el sistema fue de carácter general, y
otorgó a las entidades federativas un plazo
de un año, que concluyó el 18 de julio de
2017, para adecuar sus leyes locales con la
Ley General del SNA.
El balance en los estados
Es importante mencionar que, dada la gra-
vedad y los impactos de la corrupción, el
proceso de armonización de las leyes anti-
corrupción brindaba a los congresos locales
una oportunidad única para poder discutir y
generar un diálogo, de forma amplia y pública,
sobre esta problemática, sus aristas y posibles
soluciones. Bajo esta premisa, un grupo de
14 organizaciones de la sociedad civil y em-
presariales, se dieron a la tarea de evaluar si
los procesos legislativos de armonización en
13 entidades –Baja California Sur, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Mo-
relos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora,
Querétaro, Quintana Roo y Yucatán– ha-
bían cumplido con parámetros mínimos en
cuatro dimensiones: transparencia y acceso
a la información, rendición de cuentas, par-
ticipación ciudadana, y uso estratégico de las
tecnologías de comunicación e información.
La evaluación se llevó a cabo mediante la