BRUJULA CIUDADANA Inseguridad y corrupción ¡YA BASTA! | Page 12

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Aunado a este incremento de delitos, se
tiene que el 91% de los crímenes queda en
impunidad, de acuerdo al Instituto para la
Economía y Paz, en su reporte sobre el “Ín-
dice de Paz en México” a principios de año.
Al mismo tiempo, tenemos continuas agre-
siones a periodistas y defensores de dere-
chos humanos. Estos actos atentan contra
la esencia misma de la democracia; ante la
imposibilidad de un libre y seguro ejercicio
de sus profesiones el derecho a la informa-
ción y la rendición de cuentas se desvanece,
debilitando a la ciudadanía misma. Mientras,
aquellos que aún reportan y actúan son asesi-
nados o desaparecidos. Sólo en este sexenio
han sido asesinados 36 periodistas, a cifras
de mayo 2017. Según datos de la Oficina del
Alto Comisionado de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al-Hussein,
sólo el 6% de los asesinatos de periodistas
en México están resueltos. La alta impunidad
revela la gravedad del atropello democrático
y de justicia que se vive en el país; favorecien-
do a quienes cometen los actos de violencia.
Militarización, una estrategia
reactiva que genera más violencia
Ante esta seria y recurrente violencia, dife-
rentes estrategias fueron implementadas a
nivel federal y estatal, entre ellas destaca, de
forma negativa, la militarización. En CAD-
HAC, estamos convencidas que la solución
no se encuentra en la guerra. Una estrategia
de militarización es solamente un paliativo
que no resuelve el problema desde su origen,
se convierte en una respuesta reactiva, que
lejos de fortalecer el Estado de Derecho, las
instituciones democráticas y a las fuerzas de
seguridad pública, genera un grave aumento
en la violencia y en la violación de derechos
humanos.
La experiencia nos ha mostrado que la mi-
litarización como recurso para prevenir los
delitos no es lo más efectivo. Con base a
estadísticas del Instituto Belisario Domínguez
en su estudio “Seguridad Interior: elementos
para el debate”, se comprobó que la tasa
de homicidios incrementó un 50% en los
estados en que las Fuerzas Armadas inicia-
ron operativos conjuntos, comparado con
el resto del país. En el 2007 se tenían 400
quejas contra presuntas autoridades violado-
ras de derechos humanos ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, dos años
después del ingreso de las fuerzas armadas a
las calles, éstas habían incrementado a 1,800
sólo en la Secretaría de Defensa Nacional.
Entre las mayores acusaciones se tienen:
detenciones arbitrarias, tratos crueles, cateos
y visitas domiciliarias ilegales. A diez años de
la militarización, y teniendo en la puerta la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior,