BRUJULA CIUDADANA El rumbo del federalismo | Page 5

1) E volución
del federalismo y los retos para el cambio
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integran la clase gobernante les permitía ne-
gociar una iniciativa o un acuerdo, apelando
a los mecanismos de comprar voluntades o
de ofrecer algún incentivo personal.
Como prueba de ello, en estos años han
nacido nuevas expresiones perversas de ha-
cer negocios para apoyar algún proyecto de
política pública como son los moches, una
manera de recibir una tajada personal ya sea
en el congreso o autoridades para promover
un presupuesto o proyecto.
Esta y otras prácticas han venido profundi-
zando un régimen político que está podrido
y es una de las causas de la desigualdad,
corrupción e impunidad permanentes.
Frente a esta realidad, es apremiante cons-
truir nuevas formas de ejercer la función
pública, una necesidad que como ciudadanía
hemos exigido y se corroboró con el resul-
tado electoral más reciente, a fin de que
se sienten los pilares donde el patrimonio
público tenga carta y fin de interés público.
En esa perspectiva, bienvenidas las iniciativas
públicas que tengan como contrapeso la vi-
gilancia y también reconozcan la inteligencia
de la ciudadanía.
No bastan las buenas intenciones. Es el mo-
mento de construir una nueva relación entre
las autoridades y la sociedad fundamentada
en la corresponsabilidad, la transparencia y
la rendición de cuentas.
Tenemos que pasar de los hechos a los dere-
chos, porque más allá del sufragio buscamos
ser parte del nuevo diseño del régimen po-
lítico donde la ley se aplique efectivamente,
las políticas públicas sean precisamente eso,
públicas, y donde se consolide la interacción
entre gobierno y sociedad para construir el
bien público. Tenemos que abandonar los
paradigmas obsoletos e insostenibles que
sustentaron por décadas el viejo régimen.
Las medidas tanto de austeri-
dad y de descentralización pro-
puestas por el equipo de AMLO
tienen que fundamentarse en el
cambio de régimen político que
mantuvo indemnes privilegios y
desigualdades.
Dichas medidas deben aludir a la transpa-
rencia, sin dejar de lado su costo e impacto
político. Algunos argumentan que la des-
centralización es un despropósito pues el
traslado de las 31 dependencias federales