BRUJULA CIUDADANA El Ejecutivo y su curva de aprendizaje | Page 52
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Hasta ahora estas acciones han delineado las “nuevas” formas de tomar
decisiones, las cuales se han caracterizado por la realización de propuestas
caprichosas y superficiales, que evidencian nulo conocimiento del modelo
penal acusatorio y priorizan redundantes y fracasados modelos en materia
de seguridad. Además, ha quedado claro un notable desprecio por la opinión
de la sociedad civil y academia especializada, aspectos que conjugados nos
hacen encender las alertas de lo autoritario que puede ser el proceso de
toma de decisión, pero sobre todo en la parte sustantiva, lo regresivo que
se puede tornar la agenda de seguridad y justicia. Con ello peligra la ope-
ración, articulación y buen funcionamiento de las instituciones encargadas
de la prevención de los delitos, así como de la investigación, persecución y
sanción de los mismos, particularmente se debilitan los procesos transicio-
nales y la expectativa del acceso a la justicia, verdad, reparación y garantías
de no repetición.
La exigencia que demanda del Ejecutivo atender la crisis de inse-
guridad e impunidad, da a todo el sistema de seguridad y justicia el
carácter de urgente y se entiende la premura con la que el presidente
y su equipo pretenden dar resultados y la prontitud con la que se
han presentado las propuestas. Sin embargo, esta reacción no debe
ser en detrimento del fortalecimiento de las instituciones y sistema
democrático de seguridad y justicia penal. La nueva administración
tiene una oportunidad de oro, para atender con mayor profundidad
la problemática y sus soluciones, con la integralidad y visión de corto,
mediano y largo plazo y debe ser capaz de abarcar a todos los com-
ponentes: la prevención, investigación y sanción de los delitos, hasta
la reinserción de las personas que los cometen. Estos componentes
requieren una ponderación y calibración, tienen que formar parte de
un diseño articulado de una política criminal integral, que -por decir
lo menos- distinga entre los diferentes tipos de violencias y de delitos
para que en esa medida se definan competencias y sean atendidos de
la mejor manera y con mayor acierto.