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JOSÉ APOLINAR ZAPATA AGUILAR
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PABLO PÉREZ AKAKI
La gobernanza en la cadena de la denominación de origen del chile habanero
se cultiva y comercializa dicho bien. Sin embargo, no se ha observado que
dicha Denominación de Origen genere el impacto significativo en la cadena
productiva, lo cual compromete el logro esperado y su viabilidad como
estrategia para el desarrollo. Para entender las causas de estos resultados, el
presente estudio evalúa la dimensión de gobernanza prevaleciente en la cadena
productiva del chile habanero, a partir de la metodología propuesta por Gary
Gereffi, para el estudio de cadenas globales de mercancías, identificando las
principales áreas de oportunidad existentes en la producción y comercialización
de esta hortaliza.
Introducción
La agricultura es una actividad sujeta a diversos factores, tanto naturales
como humanos, donde los primeros quedan fuera del control del hombre y
los segundos dependen de su conocimiento y experiencia, no obstante, de la
vinculación armónica de los factores antes mencionados, dependen las buenas
decisiones en materia de cultivos.
La historia económica y comercial de la humanidad ha dado lugar al
establecimiento físico de artesanos en lugares específicos, por la cercanía a sus
materias primas y condiciones medioambientales necesarias para la elaboración
de sus productos, lo que ha generado la necesidad de individualizarlos con
marcas colectivas, siendo dichas marcas con frecuencia propiedad del conjunto
de personas de una misma ciudad o región. Sin embargo, la individualización
de los productos, respaldada por una DO por sí misma no es suficiente, sin
hacerse acompañar de mecanismos claros que permitan regular los conflictos
entre aquellos que afirman tener el derecho de uso, por las condiciones
medioambientales de la región, el suelo y las formas de cultivar los productos o
fabricarlos, y quienes se aprovechan, sin derecho alguno, de las denominaciones,
para su propio bien (García, 2001:2).
La autorización de las DO la realizan las oficinas de propiedad industrial en
casi todos los países y su registro se lleva a cabo a través de un procedimiento
administrativo similar a las marcas, donde la autoridad competente concede
las DO y autoriza las características que debe tener el producto que puede ser
identificado como tal (Road, 2001:2). En México esta tarea la realiza el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), órgano público descentralizado
del Gobierno Federal con personalidad y patrimonio propio y con la autoridad
legal para administrar el sistema de propiedad industrial del país.