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Álvaro Alonso
El pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la UE declaró que la legis-lación actual para llevar a cabo un desa-hucio en España vulnera la normativa de la comunidad europea. Por lo tanto no se garantiza una protección sufici-ente a los ciudadanos frente a las hipo-tecas con cláusulas abusivas. El Gobier-no de Mariano Rajoy deberá adecuar la ley vigente al dictamen europeo, y cu-alquier juez puede, desde este momen-to, paralizar una orden de desahucio de forma inmediata. Pero la proposición de ley, que el Senado aún no ha aproba-do, al parecer no va a ser suficiente.
Esta futura legislación en realidad reproduce el contenido del Real Decre-to 27/2012 y según estudios reali-zados, sólo un 2% de los hipotecados pudieron beneficiarse de la medida que esta ordenanza establecía. Así se confirma que esta nueva ley dará la es-palda a la realidad social y a su vez no ha medido el impacto que pueda tener.
La medida de suspender los desahu-cios durante dos años buscaba garanti-zar que ningún ciudadano entrase en un proceso de exclusión social. Sin em-bargo, esto no sucede así.
Se ha comprobado que la mayoría de los deudores tienen una situación per-sonal y económica de extremada pre-cariedad, y aún así quedan fuera de la aplicación del Real Decreto al no cumplir los cuatro requisitos económi-cos requeridos: El primero de ellos indica que sean familias numerosas, monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro con discapacidad o de-pendiente. En segundo lugar que el deudor hipotecario se encuentre en si-tuación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o sea víctima de violencia de género. El tercer requi-sito consiste en que losingresos no po-
drán superar el límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Y en cuarto lugar, que los cuatro años anteriores al mo-mento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración signi-ficativa de sus circunstancias econo-micas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
Se comprueba entonces que los deu-dores saturados a consecuencia del pa-ro y de la crisis están desprotegidos an-te las medidas que establece el Real Decreto, pese a que su capacidad pa-trimonial actual sea claramente insufi-ciente para hacer frente a sus gastos más cotidianos.
Tras conocerse los últimos datos de la EPA de 6.202.700 parados (la tasa de desempleo nacional se sitúa en el 27,16%), habría que pensar que el solo hecho de encontrarse en situación de desempleo y de tener firmada una hi-poteca de vivienda habitual, sería cau-sa suficiente para recibir un trato espe-cial para que se pare ese desahucio.
La comprobación de las malas circuns-tancias económicas se mide en función de la carga hipotecaria sobre la renta sufrida en los últimos cuatro años. Hay que destacar que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de todos los ingresos que perciba la unidad familiar o que el préstamo recaiga sobre la única vivienda disponible en propie-dad.
La actual situación ha superado todas las previsiones posibles para el em-peoramiento de las hipotecas en nues-tro país. Miles de familias se ven con una importante deuda económica, sin trabajo y con unos hijos a los que no poder mantener. Incluso se llegan a casos en los que hay que subsistir con la mínima pensión de jubilación de los abuelos.
El desahucio: ¿Justicia o equilibrio?
La ley hipotecaria beneficia a los bancos y no a las personas